El Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación nos permite constatar la discriminación que se vivió y vive en al país, donde se aprecia que las principales víctimas de la violencia política, cerca del 75% fueron integrantes de la población rural andina o selvática, de habla quechua, pobres y con niveles de educación inferiores o en su mayor parte, inexistentes. Su tragedia, su muerte, su desaparición, su tortura no fue sentida ni asumida por el resto del país que vivió de espaldas a esta cruenta realidad.
Esta gran parte del país azotada por la violencia política y estructural ha estado por años alejados de los centros de poder económico y político. La presencia del Estado a través de sus instituciones e infraestructura ha sido siempre insuficiente y con frecuencia inexistente. La carencia de servicios básicos, el inacceso a derechos económicos, sociales y culturales fundamentales, así como la falta de protección de sus derechos civiles ha sido una costante.
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